Continúa el conflicto con la Línea 51

El municipio de Cañuelas a través de su página web, comunicó que le solicitó a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires que oficie de mediador y convoque a los organismos nacional y provincial de transporte junto a los vecinos, el Departamento Ejecutivo Municipal, concejales y la empresa San Vicente, en búsqueda de soluciones específicas a la deficiencia de transporte público sobre el corredor de Ruta N°205.

 

De manos del secretario de Gobierno, Emilio Contreras, se entregó el petitorio al coordinador del área de servicios públicos de la Defensoría, Jorge Ruesga.

De este modo, buscan una mejora a un servicio de transporte que hasta el momento presenta serias deficiencias.

Hace unas semanas, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), dio un informe donde explica que la Línea 51 “cumple con la frecuencia autorizada y que incluso es mejorada, aumentando de 4 servicios autorizados a 7 servicios prestados” y da a entender en varios fragmentos que funciona mejor que lo que debería. Este informe no coindice con la realidad que padecen los vecinos que usan ese servicio a diario.

 

Este informe fue repudiado por el Ejecutivo local y solicitó al Gobierno provincial la instrumentación del acuerdo que, en el marco de la Agencia Metropolitana de Transporte, autorice la implementación de un rondín entre Cañuelas y Ezeiza, en horas pico.
 

En los próximos días se conocerá la fecha de la audiencia que congregará a la totalidad de las partes intervinientes en la oficina de la Defensoría del Pueblo provincial, en la ciudad de La Plata.

En paralelo, la empresa San Vicente (concesionaria de la Línea 51), se encuentra en un momento muy complicado ya que el juez Claudio Bonadío (Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11), la investigan por presuntas irregularidades en la asignación de subsidios para gasoil de líneas de colectivo. Estos subsidios venían de manos del Ministerio de Planificación que manejaba Julio De Vido que autorizaba pagos extraordinarios a empresas que inflaban el kilometraje recorrido para recibir más dinero del Estado.  Esta maniobra sistemática le habría ocasionado al Estado un perjuicio a sus arcas de aproximadamente 610 millones de pesos.